Ingresos Brutos, alícuotas máximas según el Consenso Fiscal

Ingresos Brutos, alícuotas máximas según el Consenso Fiscal

Nuestro asociado Ezequiel Passarelli explica en Ambito, el convenio firmado por las provincias, que fija alícuotas máximas de acuerdo al #ConsensoFiscal   #IngresosBrutos #Impuestos

El pasado 11 de enero entró en vigencia el Consenso Fiscal (Ley 27.429) suscripto entre el Poder Ejecutivo Nacional y los representantes de las provincias (excepto San Luis). Mediante el mismo se acuerda armonizar las estructuras tributarias de las distintas jurisdicciones, con el fin de promover el empleo, la inversión y el crecimiento económico, y promover políticas uniformes.

En lo que refiere al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, las provincias y la CABA asumieron distintos compromisos, que deberán ratificar por medio de la sanción de la correspondiente ley provincial (el mismo solo producirá efectos respecto a las jurisdicciones que lo aprueben en sus legislaturas y a partir de esa fecha).

Al día de hoy, solo 13 jurisdicciones lo han hecho (CABA, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tucumán), restando 11 provincias para terminar de completar el mapa.

El principal compromiso asumido por las provincias refiere a imponer el siguiente límite máximo a las alícuotas que puedan aplicar, para las siguientes actividades y para los siguientes años:

En virtud de ello, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determinó que, las industrias que facturen hasta $ 75 millones por año, estarán exentas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Por su parte, aquellas que superen los $ 75 millones, tributarán al 2,00% en 2018, 1,50% en 2019 y 1,00% en 2020.

En el caso de provincia de Buenos Aires, ocurre algo similar. Estarán exentas aquellas industrias que facturen hasta $ 78 millones. Mientras que, en 2018, pagarán el 1,50% aquellas que lo superen.

Vale decir que, todas las jurisdicciones que adhieran al Consenso Fiscal (mediante el dictado de la mencionada ley provincial), además de poner un límite máximo a las alícuotas que podrán establecer, eliminan inmediatamente tratamientos diferenciales basados en el lugar de radicación del establecimiento, como consecuencia de las dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del pasado 31 de octubre del 2017 (“Bayer” y “Harriet y Donnelly”).

En otras palabras, el cuadro establecido más arriba, que dispone las alícuotas máximas que podrán reclamar las provincias, aplicará a cualquier contribuyente, sin importar en qué jurisdicción se encuentre radicado.

Por último, también las provincias deberán adecuar los regímenes de retención y percepción del impuesto, a los fines de eliminar el grave inconveniente que hoy en día sufren la mayoría de los contribuyentes, con la generación de saldos a favor permanentes y sumamente significativos.

Respecto de este punto, que pareciera ser el más difícil de corregir para las provincias, en la práctica estos regímenes pasan a ser un impuesto en sí mismo. Porque los contribuyentes no encuentran una manera simple y práctica de defenderse contra el agente de recaudación o contra el propio Organismo Fiscal, debiendo plantear medidas cautelares ante la justicia, que consumen tiempo y dinero.

En adición, en caso que pretendan recuperar este dinero que les pertenece, deben tramitar largos procesos (duran años), los cuales conllevan fiscalizaciones integrales sangrientas por parte del propio Fisco, que pretende encontrar en las liquidaciones impositivas cualquier cuestión que haga disminuir la deuda que tiene con los contribuyentes.

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